Con ésta ley el gobierno tiene la premisa de armonizar las legislaciones europeas, dotar de mayor transparencia al mercado crediticio y proteger al consumidor. Quieren que el consumidor tenga más información y pueda de esta manera valorar los riesgos que asume al formalizar un préstamo y las consecuencia de su impago. Pero, ¿realmente servirá para algo?
De momento tengo poca información al respecto, pero creo que las entidades financieras lo arreglarán haciendo firmar más documentos. Será un caso parecido al de la normativa MIFID. Los clientes deberán firmar un documento conforme han sido informados sobre las condiciones del crédito que están firmando y que son conocedores de las consecuencia de impago de éste.
La única cosa positiva que veo de momento es la obligatoriedad del extorno de los seguros y las comisiones de apertura en caso de cancelaciones anticipadas de los préstamos. Las entidades financieras estarán obligadas por ley a devolver la parte proporcional de los seguros o gastos ocasionados por la formalización del crédito en caso de amortización anticipada. Para más información podéis leer el artículo que publique el pasado 1 de septiembre "Extorno. El seguro te devuelve el dinero".
Tan pronto como tenga nuevas noticias os iré informando.
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